dissabte, 12 de novembre de 2022

La salud a través de plasma


Dice el artículo 43 de la Constitución española que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

No era esta sanidad pública que tenemos la que imaginó Ernest Lluch cuando puso en marcha lo que se denominó sanidad universal y que convirtió a España en un ejemplo de gestión, envidiado por todo el mundo y que hasta Obama intentó emular en Estados Unidos, pero que la incompetencia política general (no digo intereses espurios, que también) la ha convertido en un verdadero fiasco, por no decir en un atentado anticonstitucional, y un homicidio en grado de tentativa contra toda la sociedad, pues están poniendo en peligro la propia vida como si de un juego de azar se tratara.

Se ha llegado hasta el nivel de hacer competiciones entre territorios para saber qué autonomía, por ejemplo, tiene las listas de espera más largas, utilizando los datos como arma arrojadiza entre partidos políticos, obviando que lo que está en juego es la vida de los ciudadanos, con independencia de donde residan, y que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar que todos y cada uno de los españoles, en condiciones de igualdad, puedan acceder a los servicios que la Constitución les otorga como derecho y que al Estado le obliga a prestar.

Si hay un solo ciudadano que tenga en peligro su vida por no ser atendido por la sanidad pública, el Estado debe actuar con total urgencia, garantizando la atención inmediata si fuese necesario y sin importar el coste que pueda tener un tratamiento, pues la vida no debe tener precio.

De hecho, el artículo 15 de la Constitución indica que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, pero la mala gestión y dejación por parte del Estado de la sanidad pública vulnera ese artículo, pues pone en peligro la vida y la integridad física y moral, que para muchos enfermos la falta de atención les supone tortura, trato inhumano y degradante.

Pero la incompetencia y la falta de respeto hacia la vida de los ciudadanos a través de la sanidad pública no tiene parangón y en vez de dotar al sistema de los medios profesionales y materiales necesarios para prestar el servicio en condiciones y garantías, esos políticos mediocres de demostrada irresponsabilidad y falta de escrúpulos, sólo se les ocurre darle protagonismo a la atención telemática, sustituyendo la necesaria e imprescindible relación personal y cercana entre médico y paciente por la distancia, a través sólo de una pantalla de plasma.

Creo que España puede funcionar como un estado federal, contemplando con total y lógica objetividad la realidad del territorio y la demografía, pero sin obviar que los derechos básicos y fundamentales que deben ser prestados por los poderes públicos deben llegar a cada uno de los 47 millones de españoles en condiciones de igualdad, algo que no ocurre con el sistema sanitario, situación que debiera ser corregida de manera urgente por el Estado, pues la salud, por ejemplo, no puede estar supeditada a cuestiones competenciales de las diferentes autonomías ya que es un derecho fundamental y universal, y el Estado debe garantizar que todos los españoles lo reciban.

Y no digo que el servicio no pueda prestarse desde las autonomías, pero siempre desde la supervisión estricta por parte del Estado con directrices generales en interés de toda la ciudadanía; y si esas comunidades autónomas demuestran incapacidad para ejercer su responsabilidad, la Constitución tiene mecanismos para solucionar el problema.

 

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