dimarts, 25 d’octubre de 2022

Sedición


No creo que nadie tenga dudas de que el Gobierno tiene intención de modificar el Còdigo Penal haciendo desaparecer el delito por sedición o bien, rebajar las penas que de 8 a 15 años, allí se indican como castigo.

Del mismo modo, no creo que haya ninguna duda que esto forma parte de la negociación del Gobierno, que no el PSOE, con ERC por los presupuestos, tanto de la Generalitat de Catalunya como del Estado y beneficiar así a los “sediciosos” condenados por el procés, ahora ya todos indultados salvo el fugado Puigdemont.


¡No estoy de acuerdo con esa modificación!, y lo digo sin tapujos, a calzón quitado, del mismo modo que me manifesté en desacuerdo con los indultos, y aun a riesgo de recibir agrias críticas, como así fue.


Estos condenados recibieron una sentencia de acuerdo con el Código Penal en vigor. Una sentencia que salvo para los condenados y su entorno, fue justa y exenta de arbitrariedades.


Y cabe recordar que la UE jamás se ha pronunciado en contra de esa sentencia, por mucho que el independentismo quiera “vender” lo contrario.


Como tampoco se puede obviar la realidad, y si el delito de sedición no está contemplado en todos los países de la UE, no es que no exista, sino que en la mayoría de casos, está tipificado con otro nombre.


El cacareado objetivo de desjudicialización que argumenta el Gobierno comporta precisamente lo contrario, más cuando desde el independentismo no se quiere hablar de eliminar la sedición, sino de “eliminar” la represión que ejerce España contra Catalunya, lo que añadiendo además la injerencia política en las decisiones judiciales, desde el Gobierno se asume que hemos de pedir disculpas a aquellos que llevaron a cabo un infame ataque a la democracia.


Y que con esta modificación del Código Penal y del delito de sedición, el Gobierno olvida que los realmente perjudicados por las acciones sediciosas en aquel procés, y de las que hoy seguimos sufriendo las consecuencias, somos el conjunto de catalanes y, por extensión, la población española en general.


Me cuesta por la ridiculez vomitiva, pero intento imaginar a Puigdemont, aquel ahora fugado president de la Generalitat, que el 27 de octubre de 2017 proclamó la república catalana, aunque durase menos de un minuto actuando explícitamente como delincuente de sedición, paseándose desafiante por Catalunya, mostrando mofa y escarnio contra el Estado español al que obligó a aplicar el 155 pero que le ha posibilitado representarlo en la UE; un Estado que, por omisión, le ha permitido vivir en un palacete a la sopa boba, sin pegar palo al agua, y por lo que no me extrañaría que dentro de ese paquete donde se negociará la modificación o eliminación del delito de sedición, se incluya una compensación y desagravio a Puigdemont, y que el Gobierno aceptaría conceder.


Mi posición como ciudadano no importa, pero sigue siendo un taxativo NO a la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición o rebajar las penas.



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