dissabte, 11 d’abril de 2020

El Estado debe actuar en connivencia con la sociedad


Indudablemente la necesidad de paralizar la actividad económica no es un capricho del Gobierno, sino la consecuencia de una medida para dar respuesta a la lucha contra el coronavirus, y que ha obligado a tomar decisiones drásticas y contundentes.

Pero la salud y la economía muchas veces son conceptos antagónicos, y entiendo que es realmente complicado encontrar el equilibrio adecuado que permita garantizar, como es el caso, el presente y futuro de nuestra sociedad.

No voy a entrar a valorar si las medidas que ha aprobado el Congreso serán la respuesta eficaz a esta complicada situación, pues en España tenemos reconocidos expertos en economía y epidemiología para que mi humilde opinión valga lo que vale un botón, pero como cualquier ciudadano puedo y debo criticar aquello que siento y percibo, siempre pensando que ya llegará el momento de hacer valoraciones oficiales a tenor de la gestión de esta crisis, poniendo medallas por eficacia o quitando galones por incompetencia.

Creo que solucionar esta emergencia no es solo responsabilidad de políticos, sino que necesita del concurso activo del conjunto de la ciudadanía, y el Estado debe garantizar que los ciudadanos y ciudadanas tengamos facilidades para participar.

Mal nos va si el Gobierno precariza la sociedad y nos hacen caer en el desánimo, pues a un estado de confinamiento como en el que nos encontramos, de por sí durísimo, se le debe acompañar de medidas que faciliten el presente pero, sobre todo, que generen confianza para pensar que el futuro está garantizado, y que como peor vamos a estar es como estábamos hace unos meses, cuando la gran mayoría no conocíamos al “bicho”.

De no ser así los ciudadanos y ciudadanas nos podemos convertir en un verdadero lastre para solucionar el problema, y eso es realmente peligroso.

Los trabajadores deben poder subsistir sin más penurias que las que habitualmente tienen, lo que implica contar con los medios económicos mínimos que les permitan abastecerse sin más problemas que los derivados de la aplicación de los Reales Decretos. O sea, que su líquido a percibir debe ser igual a lo declarado el mes anterior.

Los autónomos deben tener garantizados los ingresos necesarios para subsistir como cualquier trabajador, percibiendo de acuerdo con sus cotizaciones y declaraciones, y eximiéndoles del pago de tributos mientras se mantenga la situación de emergencia.

Los empresarios deben tener la cobertura necesaria por parte del Estado, a manera de aval técnico y económico, para obligarlos a mantener el empleo una vez se vuelva a la normalidad.

Y sin olvidar que todas estas medidas deben ser efectivas desde que se produzca el “hecho causante”, sin demoras ni justificaciones innecesarias que la burocracia de la Administración provoca.

Si el Estado no actúa en connivencia con la sociedad con la suficiente celeridad y contundencia, trasladando seguridad y confianza, únicamente generará confusión, lo que se traducirá en una peligrosa frustración colectiva de impredecibles y peligrosas consecuencias.


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