Si
no se les cae la cara de vergüenza, es porque tienen mucha cara -¡mejor jeta!- pero
a la vez porque adolecen de la más mínima dosis de vergüenza.
Hoy,
como no podía ser de otra manera me refiero a esos descerebrados que, disfrazados de trabajadores, se han plegado a los espurios intereses políticos
del independentismo, convocando una acción que, aunque disfrazada de huelga
nada tiene que ver con reivindicaciones laborales, y lo único que está logrando
es simplemente “joder” a los ciudadanos.
Sí,
pues están “jodiendo” a los ciudadanos de a pie que son los que paradójicamente
dicen defender, ya que están vulnerando durante 24 horas (sin olvidar las
consecuencias que esta jornada provocará posteriormente) los derechos más
básicos y fundamentales de la ciudadanía, como son los de la libertad, la
movilidad, la sanidad y la educación.
Porque
hoy muchos ciudadanos y ciudadanas no han podido llegar a su puesto de trabajo,
aunque quisieran hacerlo.
Porque
hoy muchos ciudadanos y ciudadanas han optado por quedarse en casa con sus
hijos por no poderlos llevar a los centros escolares. (Yo me pensaría mucho
dejar a mi hijo pensando que según la Generalitat hoy un solo docente podría
estar al cuidado de más de 100 escolares)
Porque
hoy muchos ciudadanos y ciudadanas no han podido ser atendidos por la sanidad
pública, a pesar de tener programadas hace meses intervenciones y asistencias
específicas.
Y
lo hacen “jodiendo” por la fuerza, y en algunos casos de forma violenta,
doblegando la voluntad de la ciudadanía de manera “oficial”, pues es el propio
Govern de la Generalitat el que secunda esa “charlotada sin sentido”, a pesar
de la ridiculez que representa que las “supuestas” reivindicaciones vayan
dirigidas a ellos mismos, pues la sanidad, la educación, la movilidad y el
orden público deben ser garantizadas por el Govern de la Generalitat, pues es
el Govern quien tiene las competencias.
Pero
la realidad explícita y el meollo de la real reivindicación no es otro que la “exculpación”
de los políticos presos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, que
no la eliminación de la “prisión provisional” (que es algo de lo que podría
discutirse y ser comprensible), pues el eucarístico lema de “us volem a casa”
no sería la claudicación del estado de derecho que es lo que realmente
pretenden al coste que sea.
Simple
y llanamente se puede afirmar que estos defensores de una supuesta libertad son
simplemente desertores de la convivencia y que su único ilegítimo interés
radica en poder imponer sus ideas, sin importarles las herramientas que deban
utilizar para conseguirlo, pero que en absoluto pasan por el respeto a la
libertad de sus vecinos, sino a la torticera interpretación de su propio
libertinaje.
Miedo
da que la defensa de la hipotética república catalana esté en manos de estos
energúmenos autodenominados CDR, que validados por el inoperante Govern de la
Generalitat están poniendo en subasta las llaves de la democracia y el Estado
de derecho, para que puedan pujar aquellos que un aciago 23 de febrero
intentaron revertir el régimen de libertades que costó muchos años recuperar.