Para los que creemos que la mayor garantía para la
prestación del servicio público es la gestión directa desde la Administración
en cualquiera de sus modalidades, la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), tras las
enmiendas introducidas por la derecha política (PdCAT, PP, C’s y PNV) es un verdadero
“jarro de agua fría”, pues continuará priorizando el beneficio empresarial privado
al interés de la ciudadanía.
Es continuar avalando la privatización, y mantener la puerta
abierta a aquel mercadeo que por una cantidad simbólica ponía en manos del
capital privado empresas públicas rentables, atendiendo a razones en absoluto
relacionadas con la mejora de la gestión o la rentabilidad, sino a motivos inconfesables
de índole comercial, profesional, fraternal, de amistad o de cercanía de pupitre
escolar.
Todos recordamos cuando a finales de los 80 y principios de
los 90 se impulsó la venta de empresas públicas que representaban las “joyas de
la corona”, campaña que en teoría tenía como objetivo un saneamiento de las arcas
del estado mediante ingresos directos, pero que en realidad perseguía un ahorro
en la gestión y el beneficio de terceros.
Y no se trata de que la iniciativa privada no pueda
participar en la gestión de determinados servicios públicos, ya que hay
diferentes mecanismos para impulsar necesarias cooperaciones empresariales
público-privadas, sino de que la Administración no ponga a subasta y venda aquellos
servicios sobre los que tiene responsabilidad directa y de los que debe
garantizar su prestación.
Si alguien se pregunta qué servicios se ponen en manos
privadas, la respuesta es obvia. Los que no generan pérdidas, pues sería
absurdo pensar que el capital privado hiciese una inversión de manera altruista.
Y si son rentables y garantizan la prestación, ¿por qué
cederlos? O, como es el caso, ¿por qué políticamente se imposibilita su
recuperación?.
Seguro que se suscitan mil y una respuestas, aunque yo creo
que el común denominador seria por interés, y no precisamente del
contribuyente.
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