dissabte, 19 de maig de 2018

No a la privatización y sí a la remunicipalización


Para los que creemos que la mayor garantía para la prestación del servicio público es la gestión directa desde la Administración en cualquiera de sus modalidades, la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), tras las enmiendas introducidas por la derecha política (PdCAT, PP, C’s y PNV) es un verdadero “jarro de agua fría”, pues continuará priorizando el beneficio empresarial privado al interés de la ciudadanía.

Es continuar avalando la privatización, y mantener la puerta abierta a aquel mercadeo que por una cantidad simbólica ponía en manos del capital privado empresas públicas rentables, atendiendo a razones en absoluto relacionadas con la mejora de la gestión o la rentabilidad, sino a motivos inconfesables de índole comercial, profesional, fraternal, de amistad o de cercanía de pupitre escolar.

Todos recordamos cuando a finales de los 80 y principios de los 90 se impulsó la venta de empresas públicas que representaban las “joyas de la corona”, campaña que en teoría tenía como objetivo un saneamiento de las arcas del estado mediante ingresos directos, pero que en realidad perseguía un ahorro en la gestión y el beneficio de terceros.  

Y no se trata de que la iniciativa privada no pueda participar en la gestión de determinados servicios públicos, ya que hay diferentes mecanismos para impulsar necesarias cooperaciones empresariales público-privadas, sino de que la Administración no ponga a subasta y venda aquellos servicios sobre los que tiene responsabilidad directa y de los que debe garantizar su prestación.

Si alguien se pregunta qué servicios se ponen en manos privadas, la respuesta es obvia. Los que no generan pérdidas, pues sería absurdo pensar que el capital privado hiciese una inversión de manera altruista.

Y si son rentables y garantizan la prestación, ¿por qué cederlos? O, como es el caso, ¿por qué políticamente se imposibilita su recuperación?.

Seguro que se suscitan mil y una respuestas, aunque yo creo que el común denominador seria por interés, y no precisamente del contribuyente.


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