Defienden aquellos que quieren utilizarlo como si de una
propiedad privada se tratase, que el espacio público es de todos, legitimando
cualquier actuación o acción que allí se quiera llevar a cabo, sin importar que
el vecino también lo considere de su propiedad y que del mismo modo, crea que puede
hacer en él lo que desee.
De manera constatada, esto está provocando cada vez más frecuentes
situaciones conflictivas en unos espacios calificados como públicos, pues confluyendo
intereses diversos -algunos totalmente contrapuestos-, y desde un mal entendido
ejercicio de la libertad en una supuesta propiedad compartida, es irremediable
que se llegue a la confrontación personal.
Si los ciudadanos y ciudadanas llegamos a entender que los
lugares públicos no son de nuestra propiedad, sino que simplemente tenemos el
dominio y que cualquiera puede circular por ellos respetando el fin para el que
fueron creados, podremos concluir que son puntos de encuentro de la población
donde todos deben sentirse cómodos, y no espacios para poner de relieve las
diferencias.
Hoy parques, jardines, carreteras, calles, edificios
públicos y últimamente playas, son espacios públicos ocupados por simbología
representativa de una legítima reivindicación política, pero donde los
impulsores de esas acciones no entienden que son simplemente usufructuarios junto
con el resto de la ciudadanía, en absoluto propietarios, pues los espacios
públicos no son propiedad de nadie.
Sería injusto obviar el protagonismo que tienen las administraciones
responsables de gestionar y mantener los espacios públicos, que manteniendo una
actitud política de pasividad manifiesta que junto a la tolerancia silenciosa demuestra
complicidad punible, eluden velar por potenciar el respeto a las reglas convivencia,
cerrando los ojos a situaciones que por acción/reacción pueden provocar
violencia gratuita.
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