El puerto de Barcelona ha sido el laboratorio del sistema
portuario, y así se ha hecho patente a la vista de las reiteradas intenciones y
iniciativas para privatizar y/o externalizar diferentes servicios, con el único
objetivo de alimentar intereses empresariales privados bajo el argumento,
muchas veces falaz y torticeramente utilizado, de que la iniciativa privada
debe tener protagonismo en la gestión de los puertos, cuestión por otro lado en
la que siempre he estado de acuerdo.
Desde la UGT siempre hemos defendido que la gestión del
sistema portuario debe ser viva y debe adaptarse a las exigencias de los
usuarios, y por ello hemos impulsado y participado en foros de análisis y
estudio que permitan encontrar fórmulas consensuadas para mejorar los
resultados en las diferentes Autoridades Portuarias, atendiendo a la
singularidad de su hinterland y a su propia especialización, pero entendiendo que
el modelo lo integran todas las infraestructuras del estado como servicio
público esencial.
A nivel general, jamás hemos rechazado el diálogo y la
negociación, sino todo lo contrario, y por ello hemos participado en las
sucesivas modificaciones de la Ley de Puertos, frenando redacciones y articulados
realmente lesivos; y en ese sentido no hemos tenido reparos en analizar el
propio modelo, haciendo propuestas específicas que afectaban también a la
gestión.
Y por ser objeto de debate la intención del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de cuestionar alguna función que hasta
ahora realizaba la Policía Portuaria, que fue a propuesta de la UGT tras una
resolución tomada en una jornada específica celebrada en Santander allá por el
2003, que la Policía Portuaria tenga la consideración de Agente de la Autoridad
Portuaria y que aún siendo insuficiente, representó una mejora y un freno a las
pretensiones que hacia este colectivo tenía el Gobierno del Estado.
Y a nivel particular en el Puerto de Barcelona, desde la UGT
siempre se han planteado y aceptado estudiar
todo tipo de planteamientos, y aunque beligerantes ante cualquier iniciativa
que conllevase privatizaciones y desembocase en la desaparición de servicios
prestados en gestión directa -lo que implica eliminación de puestos de trabajo-,
la UGT en la APB siempre ha “confrontado” con diálogo y argumentación.
Y aquí quiero recordar que desde la representación legal de
los trabajadores en la APB, en la que UGT era mayoría, se hizo la propuesta inicial
para frenar la privatización y desaparición de los servicios de conservación
(talleres), acordando un sistema novedoso que se exportó también a diferentes
instalaciones portuarias.
La pretensión de privatizar los accesos a la zona portuaria ya
fue objeto de debate y confrontación hace 20 años, con los mismos argumentos
que ahora alega la dirección de la APB, y que en aquel momento fueron
rechazados por la autoridad laboral (Inspección de Trabajo), pues tuvo en
cuenta las propuestas que hacían los trabajadores para mejorar el servicio que prestaba la Policía Portuaria,
atendiendo a los cambios que se estaban produciendo.
Y puedo asegurar que las contrapartidas que daba la
Dirección de la APB en aquel momento eran apetecibles, aunque tan fiables como
si de un caramelo envenado se tratara a tenor de los argumentos que se
presentaban, pues apelar a la confianza en el futuro, cuando se argumenta que “se
renuncia al control de accesos para dedicar más recursos a la seguridad interna
del recinto portuario”, era como mínimo un absurdo.
Era un sinsentido y supongo que sigue siéndolo, pues si los parámetros de seguridad no han cambiado en
los últimos tiempos (y no hace mucho tiempo era responsable político de un
cuerpo policial), es en los accesos donde es más efectiva la prevención de posibles
incidencias en seguridad, y no podemos obviar la importancia estratégica que
tienen los puertos, en particular el de Barcelona.
Creo que renunciar a que la Policía Portuaria siga controlando
los accesos al puerto es abrir la puerta a la reconsideración de la propia Policía
Portuaria y generar dudas sobre su continuidad como tal, al mismo tiempo que
representa un freno para la legítima reivindicación de ser considerados como Agentes
de la Autoridad, al mismo nivel que cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad del
Estado.
Creo que se debe seguir siendo beligerante contra las
privatizaciones, pues a pesar de posibles prebendas, seguro serán “pan para hoy
y hambre para mañana”
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