Acuerdo para mejora del Empleo Público, un regalo envenenado

Según el INE, durante los últimos 10 años (2008-2018), el IPC ha subido un 12,5 %, lo que ha representado para los trabajadores de la Administración una pérdida de poder adquisitivo del 11,2%, porcentaje que se incremente de manera significativa de cuantificar todos aquellos derechos laborales que unilateralmente eliminó el Gobierno, escudándose en la “maldita crisis”.

Pero es que estos trabajadores ya llevaban siendo castigados durante tiempo atrás, pues según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 20 años la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos se sitúa en un 22,5%, sin cuantificar tampoco la pérdida obligada de condiciones extrasalariales.

Es cierto que este II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo que firmaron Gobierno y Sindicatos el pasado 9 de marzo puede valorarse positivamente, pero en absoluto puede colmar las expectativas presentes ni futuras, pues tanto a nivel salarial como en lo que se refiere a derechos, la recuperación acordada será posible si los resultados  de las diferentes administraciones responden a las directrices económicas del Gobierno.

Es decir, podemos hablar de un regalo envenenado, pues los trabajadores seremos corresponsables, y así penalizados, por una mala gestión de los políticos de turno, pero además sin la posibilidad de poder incidir en ella.

Por experiencia, sé que este tipo de negociaciones son realmente difíciles, por ello creo que este acuerdo debe considerarse como el punto de partida para eliminar la precariedad e inestabilidad en el empleo que, a pesar de las apariencias, también se da en la Administración Pública, y que ha crecido de manera significativa durante estos últimos años.