Según el INE, durante los últimos 10 años (2008-2018), el
IPC ha subido un 12,5 %, lo que ha representado para los trabajadores de la
Administración una pérdida de poder adquisitivo del 11,2%, porcentaje que se
incremente de manera significativa de cuantificar todos aquellos derechos
laborales que unilateralmente eliminó el Gobierno, escudándose en la “maldita
crisis”.
Pero es que estos trabajadores ya llevaban siendo castigados
durante tiempo atrás, pues según los datos del Instituto Nacional de Estadística,
en 20 años la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos se sitúa
en un 22,5%, sin cuantificar tampoco la pérdida obligada de condiciones
extrasalariales.
Es cierto que este II Acuerdo para la mejora del Empleo
Público y de Condiciones de Trabajo que firmaron Gobierno y Sindicatos el pasado
9 de marzo puede valorarse positivamente, pero en absoluto puede colmar las
expectativas presentes ni futuras, pues tanto a nivel salarial como en lo que
se refiere a derechos, la recuperación acordada será posible si los resultados de las diferentes administraciones responden a
las directrices económicas del Gobierno.
Es decir, podemos hablar de un regalo envenenado, pues los
trabajadores seremos corresponsables, y así penalizados, por una mala gestión de
los políticos de turno, pero además sin la posibilidad de poder incidir en
ella.
Por experiencia, sé que este tipo de negociaciones son
realmente difíciles, por ello creo que este acuerdo debe considerarse como el
punto de partida para eliminar la precariedad e inestabilidad en el empleo que,
a pesar de las apariencias, también se da en la Administración Pública, y que
ha crecido de manera significativa durante estos últimos años.
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