Derecho de huelga Vs vulneración oficial

Cronología: los trabajadores de una empresa privada (EULEN), contratada mediante concurso para prestar un servicio por una empresa semipública (AENA), en una unidad de gestión determinada (Aeropuerto del Prat), se declaran en huelga legal, que como derecho fundamental está recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, con el objetivo de presionar para conseguir sus reivindicaciones a través de las preceptivas negociaciones entre empresa y trabajadores, como corresponde, por tratarse de un conflicto laboral.

La Generalitat de Catalunya (Departament de Treball) actúa como mediadora, pues es quien tiene las competencias para hacerlo, con un resultado constatadamente negativo pues, erigiéndose erróneamente como protagonista de la mediación, hace una propuesta que no es aceptada por los trabajadores.

A acción reacción, y la frustración lógica a la negativa de los trabajadores a aceptar esa propuesta -que cabe decir está muy alejada de la suya que en gran parte se basa en la recuperación de condiciones económicas y en la creación de puestos de trabajo-, lleva a la amenaza que se traduce en dos puntos, siempre que la asamblea de trabajadores convocada de nuevo a instancias de la Generalitat y bajo sus criterios, no acepte su propuesta.

- La petición de un laudo de obligado cumplimiento, por parte del Estado.

- Que el trabajo de estos trabajadores lo asuman los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, según el Ministerio de Fomento, y Mossos de Esquadra, según la Generalitat.

En el primer caso y en el mejor de los escenarios, el laudo obligaría a los trabajadores a aceptar la propuesta inicial de la Generalitat.

Y en el segundo caso, y si la huelga continuase, a EULEN se le suspendería la contrata por parte de AENA y los 400 trabajadores perderían su puesto de trabajo, pues estoy seguro que la Guardia Civil asumiese su subrogación.

Para que quede constancia, opino que el origen del conflicto está en la decisión que tomó el estado de externalizar la seguridad en las infraestructuras aeroportuarias, quitando a la Guardia Civil la competencia ejecutiva.

La situación es que ahora, con la excusa de que la huelga en el Prat perjudica a los usuarios, -o los “putea” como lo definen algunos- pues nos vemos obligados a hacer colas para coger el avión que nos llevará de vacaciones (¡como si en todas las huelgas no se perjudicase a un tercero, con “puteos” mucho más serios!), se produce la vulneración del derecho a la huelga y se utiliza a la Guardia Civil como “cuerpo de esquiroles”, creando un precedente realmente preocupante, mucho más que el intento sibilino de regular el ejercicio del derecho a la huelga.

Creo que el silencio de las organizaciones sindicales aconseja que vayan al “rincón de pensar” para que analicen la situación y valoren las consecuencias de ese perverso precedente que están ayudando a crear.