dilluns, 14 d’agost de 2017

Coincidencias desde la discrepancia

Hoy con un amigo independentista, -¡muy amigo!-, comentábamos sobre la huelga de los trabajadores de los filtros de seguridad del aeropuerto del Prat. Pongo de manifiesto lo de independentista porque tiene su importancia en la conversación, como luego se verá.

A pesar de ser lo que yo defino como “autónomo aventajado”, pues es un pequeño empresario, está de acuerdo con las reivindicaciones de los trabajadores de EULEN; hasta me dice estar de acuerdo con la huelga, aunque entiende que ese derecho debería ejercerse sin perjudicar al usuario.

Claro que a la pregunta de ¿cómo haría huelga sin que los usuarios notasen su efecto? no tiene respuesta alguna, pues como él mismo reconoce, no la hay. ¡Es imposible!

Lo que ha sido curioso es cuando, parafraseando al Ministro de Fomento, me traslada que encuentra una injusticia que ayer 186 trabajadores decidieran sobre una plantilla de 350 para ir a la huelga, “secuestrando” a miles de ciudadanos. ¡Es que me lo ha puesto a huevo, y de ahí la referencia inicial y respetuosa a su independentismo!

Le he argumentado que estamos ante la misma injusticia que un hipotético referéndum sobre independencia, que decidido por un exiguo porcentaje de representación de la sociedad en el Parlament y “avalado” de manera subjetiva por 2 millones de catalanes que salen a la calle un 11-S o que han participado en la consulta del 9-N, quiere decidir por más de 7000000 de ciudadanos de Catalunya. Se ha quedado pensativo, ¡y me ha dado la razón!, aunque lógicamente sigue pensando en las bondades de su postura.

En cuanto al conflicto del Prat dibujábamos el escenario: 90 % de servicios mínimos que, por decirlo suavemente, consideramos abusivos; la Generalitat ejerciendo de árbitro, y renunciando a su labor de mediación en el conflicto, hasta  que no se lo pidan las partes; el Gobierno revienta una  huelga legal, invistiendo de “esquiroles legalmente obligados”, a la Guardia Civil, que además, velarán porque se cumplan los servicios mínimos, que entendemos no es su función; y por último, avisan a los trabajadores que deberán asumir un laudo unilateral de obligado cumplimiento, eliminando posibles negociaciones para llegar a un acuerdo.

Ha sido un verdadero despropósito en la gestión de este conflicto que, en vez de circunscribirlo al ámbito laboral y aprovechando aquello de que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, los intereses  de unos y otros lo han posicionado en el terreno político lo que, lógicamente, ha mediatizado una posible solución.

La conclusión coincidente de ambos ha sido que el modelo aeroportuario español debe sufrir una reestructuración en profundidad aunque él, como buen independentista convencido, defiende con sus argumentos que los aeropuertos, al igual que los puertos, mejorarán su gestión y rentabilidad cuando sea la Generalitat de Catalunya la propietaria y yo defiendo, también con argumentos, que la gestión aeroportuaria debe responder a un modelo federal de gestión descentralizada.

Una buena conversación entre amigos que, aunque desde la discrepancia, tiene también coincidencias. 


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