Hoy con un amigo independentista, -¡muy amigo!-,
comentábamos sobre la huelga de los trabajadores de los filtros de seguridad
del aeropuerto del Prat. Pongo de manifiesto lo de independentista porque tiene
su importancia en la conversación, como luego se verá.
A pesar de ser lo que yo defino como “autónomo aventajado”,
pues es un pequeño empresario, está de acuerdo con las reivindicaciones de los
trabajadores de EULEN; hasta me dice estar de acuerdo con la huelga, aunque
entiende que ese derecho debería ejercerse sin perjudicar al usuario.
Claro que a la pregunta de ¿cómo haría huelga sin que los
usuarios notasen su efecto? no tiene respuesta alguna, pues como él mismo
reconoce, no la hay. ¡Es imposible!
Lo que ha sido curioso es cuando, parafraseando al Ministro
de Fomento, me traslada que encuentra una injusticia que ayer 186 trabajadores
decidieran sobre una plantilla de 350 para ir a la huelga, “secuestrando” a
miles de ciudadanos. ¡Es que me lo ha puesto a huevo, y de ahí la referencia
inicial y respetuosa a su independentismo!
Le he argumentado que estamos ante la misma injusticia que
un hipotético referéndum sobre independencia, que decidido por un exiguo
porcentaje de representación de la sociedad en el Parlament y “avalado” de
manera subjetiva por 2 millones de catalanes que salen a la calle un 11-S o que
han participado en la consulta del 9-N, quiere decidir por más de 7000000 de
ciudadanos de Catalunya. Se ha quedado pensativo, ¡y me ha dado la razón!,
aunque lógicamente sigue pensando en las bondades de su postura.
En cuanto al conflicto del Prat dibujábamos el escenario: 90
% de servicios mínimos que, por decirlo suavemente, consideramos abusivos; la
Generalitat ejerciendo de árbitro, y renunciando a su labor de mediación en el
conflicto, hasta que no se lo pidan las
partes; el Gobierno revienta una huelga
legal, invistiendo de “esquiroles legalmente obligados”, a la Guardia Civil,
que además, velarán porque se cumplan los servicios mínimos, que entendemos no
es su función; y por último, avisan a los trabajadores que deberán asumir un laudo
unilateral de obligado cumplimiento, eliminando posibles negociaciones para
llegar a un acuerdo.
Ha sido un verdadero despropósito en la gestión de este
conflicto que, en vez de circunscribirlo al ámbito laboral y aprovechando
aquello de que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, los intereses de unos y otros lo han posicionado en el
terreno político lo que, lógicamente, ha mediatizado una posible solución.
La conclusión coincidente de ambos ha sido que el modelo aeroportuario
español debe sufrir una reestructuración en profundidad aunque él, como buen
independentista convencido, defiende con sus argumentos que los aeropuertos, al
igual que los puertos, mejorarán su gestión y rentabilidad cuando sea la
Generalitat de Catalunya la propietaria y yo defiendo, también con argumentos,
que la gestión aeroportuaria debe responder a un modelo federal de gestión
descentralizada.
Una buena conversación entre amigos que, aunque desde la
discrepancia, tiene también coincidencias.
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