Posiblemente la huelga de los trabajadores de EULEN en el
aeropuerto del Prat ha podido servir para que todos aquellos que nos hemos
mostrado siempre beligerantes contra la gestión indirecta de servicios nos
carguemos de razón, demostrando con
meridiana contundencia que las “subcontrataciones” impulsadas por la
Administración son de una perversidad a la altura de un campanario, pues no responden
a la mejora de la calidad de la prestación, como debería ser, sino a simples
intereses de rentabilidad económica.
En este caso ha sido AENA la que como ente de mayoría
pública y estando obligada a hacer sus concursos con total transparencia -de
acuerdo con la legalidad vigente al igual que toda la Administración-, contrató a la empresa que presentó mejor
oferta económica, aunque obviando priorizar la valoración técnica objetiva como
garantía de servicio, que muy posiblemente EULEN no hubiese pasado.
En esta cadena de contrataciones administrativas por
concurso público todos hacen “trampas” sabiendo que al final únicamente pierde
el eslabón más débil, que indefectiblemente siempre es el trabajador.
Por experiencia puedo afirmar que la Administración, cuando
externaliza un servicio para que sea prestado desde la iniciativa privada únicamente
tiene como objetivo el ahorro de la gestión en su conjunto en toda su dimensión,
pues es absurdo pensar que esa renuncia a la gestión directa se hace para mejorar
el servicio, pues sería como reconocer su propia incapacidad como gestores
públicos.
O sea, que se afronta la contratación de una empresa que
como toda empresa, está “obligada” a generar beneficios.
Cabe pensar que si lo que percibirá esta empresa por prestar
ese servicio es menor al coste que tenía quien lo prestaba, que era la
Administración, la repercusión del recorte únicamente puede “cargarse” a la
calidad, y ineludiblemente, a la estructura que mayoritariamente conforman los
trabajadores.
Lo perverso es que tanto la Administración que hace la
licitación, como quien licita para conseguir la contratación, son conscientes
de que, aunque no se considere como tal, juegan con una “baja temeraria” que según la
cuenta de resultados generará pérdidas, pero que cuando se presente serán
asumidas por el erario público.
No tengamos dudas que al final es lo que ocurrirá en el caso
de AENA y EULEN, pues el coste de la obligada, justa y necesaria modificación
de las condiciones laborales de los trabajadores y de la mejora del servicio,
provocará la modificación de las condiciones de la licitación, que deberá asumir
AENA.
En las mesas de contratación en las que he participado,
siempre me he mostrado beligerante con las empresas sin estructura (pues al
final estarán siempre obligadas a subcontratar), así como contra las empresas
que se constituyen para un contrato determinado, sin presentar un proyecto
técnico creíble y que pueda valorarse, a ser posible con experiencia demostrada.
Debo reconocer que todos mis intentos han sido estériles, y
muchas contrataciones se han realizado con valoraciones hechas tomando en
consideración los parámetros más rígidos posibles y no sujetos a
interpretaciones objetivas de valoración no parametrada -que en muchos casos
serían necesarias-, aún a sabiendas de que la calidad y el cumplimiento del
servicio contratado no tenía suficientes garantías.
Pero que nadie satanice específicamente este caso, pues en
todas las empresas públicas y en todos los entes de la Administración, la
sistemática es la misma.
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