dimecres, 28 de desembre de 2016

Recogida basuras y el papel del Ayuntamiento

A raíz de los casos de fraude llevados a cabo por las empresas contratadas para la recogida de basuras en Barcelona y Badalona, David Trueba escribe un artículo titulado “El ojo del amo”, donde liga la posible corrupción política en la contratación con la ineptitud de los Ayuntamientos para gestionar lo que les corresponde.

Como si aquel dilema irresoluble de “qué fue primero, la gallina o el huevo?”, parece que uno  esté obligado a preguntarse si en esa ineptitud manifiesta de la Administración se esconde la necesidad de hacer una adjudicación para, de manera imprevisible i casi inconsciente, caer en la tentación de la corruptela; o por el contrario, ya se ha caído en la redes de la corrupción en mayúsculas, y para hacerla efectivamente fácil y asequible se justifica la renuncia a la responsabilidad pública haciendo una concesión, elevando a la categoría de argumento incuestionable la falta de capacidad de la propia administración.

Pero de una manera u otra, siendo primero la adjudicación la que provoca la corrupción, o siendo la voluntad del corrupto la que provoca la renuncia a la gestión de un servicio, el denominador común es la ineptitud y posterior ineficacia en la prestación, tal y como se demuestra en los casos aludidos de Barcelona y Badalona, desembocando todo en un sobrecoste que, ineludiblemente, debe ser asumido sumisamente por el ciudadano.

No quiero en este momento analizar si, en todos los sentidos, es más rentable la “gestión directa o gestión indirecta” en la prestación, pues a pesar de que a priori defiendo la directa en la gran mayoría de los servicios, también entiendo que deben valorarse otros elementos que dependen de la características y necesidades específicas de los mismos.

Pero con independencia del tipo de gestión hay un hecho indefectible: si el servicio es responsabilidad de la Administración, este debe prestarse con los máximos índices de calidad,  eficacia y efectividad requeridos por la ciudadanía, velando para que así sea, tanto si estamos ante un servicio cedido en concesión o prestado por estructura propia.

A partir de aquí cabe preguntarse, ¿dónde está el problema para que sucedan hechos como los acontecidos en estas dos ciudades catalanas, y como puede existir fraude empresarial (y posiblemente corrupción) si lo que se contrata es la prestación de un servicio a una empresa especialista en recogida de basura i/o limpieza de la ciudad?

Yo tengo mi teoría, basada en cuatro afirmaciones contrastadas, que creo deberían tenerse en cuenta a la hora de hacer el pliego de condiciones de limpieza y recogida de basuras pues normalmente, es el contrato más caro en cualquier presupuesto municipal y el servicio que más críticas recibe.

1. A la Administración le cuesta entender que la responsabilidad del servicio público no es de la empresa contratada, por lo que cuando ofrece la licitación obvia o deja en segundo plano una realidad manifiesta: que la concesionaria, como empresa privada, concursa para ganar dinero en contrapartida a una prestación tasada pues, de otra manera, lo que se está potenciando es que el beneficio empresarial se supedite a la gestión de sobrecostes por los denominados “servicios extras”

2. A la Administración le cuesta entender que contrata un servicio a un especialista, y que es el especialista quien sabe como prestarlo. Podríamos decir aquello de que “zapatero a tus zapatos” y que, por ejemplo, si el objetivo es que un contenedor esté limpio cada día, la Administración contrata ese servicio opinando, si cabe, sobre los parámetros para llevarlo a cabo y no los sistemas ni estructuras pues si el Ayuntamiento está capacitado para prestar el servicio, ¿por qué no ahorrar costes haciéndolo directamente?

3. A la Administración le cuesta entender que debe diferenciar entre lo que puede costar realmente la prestación de un servicio, a lo que quiere o puede pagar por él.

4. A la Administración le cuesta entender que si un servicio se presta en régimen de concesión, su obligación es velar para que se cumpla el objeto del contrato, no para dirigir cómo debe cumplirse, pues eso ya debe estar reflejado en el mismo.



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