dijous, 21 d’abril de 2016

Contra la venta de los puertos, solo unidad de acción

Han cambiado formas, maneras y estrategias gubernamentales, pero la liberalización de servicios portuarios, como paso previo para la privatización y posterior venta de los puertos de interés general más rentables, ha sido un objetivo en el que han coincidido todos los gobiernos, con independencia del color político del partido que les diese soporte.
 
Es cierto que deshacerse de una de las joyas de la corona, como son los puertos, es difícil de justificar, pues no en vano la actividad portuaria es una de las actividades que más aporta a las arcas del Estado, aunque debemos reconocer que esto no ha representado jamás un impedimento para que los diferentes gobiernos hayan “comerciado o regalado” empresas y servicios rentables.
 
Siendo así, y existiendo la voluntad política aunque sea con falta de argumentos, cabe preguntarse cual ha sido el elemento que ha impedido que esas intenciones privatizadoras no se hayan hecho efectivas, y que hoy todavía se puedan seguir considerando como públicos los servicios que se prestan desde los puertos considerados de interés general, según la Constitución.
 
La respuesta es sencilla; la acción y actuación conjunta de los trabajadores y trabajadoras de todo el sistema público de puertos a través de los sindicatos de clase, confrontando de manera muy beligerante contra cada intento político de llevar a cabo cualquier tipo de privatización, porque como se puede contrastar y contrastar, la supervivencia del sistema público portuario y por ende, de todos sus trabajadores, seguirá dependiendo de su capacidad de oposición, tal y como se ha demostrado a lo largo de los años.
 
 

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