Han cambiado formas,
maneras y estrategias gubernamentales, pero la liberalización de servicios
portuarios, como paso previo para la privatización y posterior venta de los
puertos de interés general más rentables, ha sido un objetivo en el que han coincidido
todos los gobiernos, con independencia del color político del partido que les
diese soporte.
Es cierto que deshacerse
de una de las joyas de la corona, como son los puertos, es difícil de
justificar, pues no en vano la actividad portuaria es una de las actividades
que más aporta a las arcas del Estado, aunque debemos reconocer que esto no ha representado
jamás un impedimento para que los diferentes gobiernos hayan “comerciado o regalado”
empresas y servicios rentables.
Siendo así, y existiendo
la voluntad política aunque sea con falta de argumentos, cabe preguntarse cual
ha sido el elemento que ha impedido que esas intenciones privatizadoras no se
hayan hecho efectivas, y que hoy todavía se puedan seguir considerando como públicos
los servicios que se prestan desde los puertos considerados de interés general,
según la Constitución.
La respuesta es
sencilla; la acción y actuación conjunta de los trabajadores y trabajadoras de
todo el sistema público de puertos a través de los sindicatos de clase, confrontando
de manera muy beligerante contra cada intento político de llevar a cabo cualquier
tipo de privatización, porque como se puede contrastar y contrastar, la
supervivencia del sistema público portuario y por ende, de todos sus
trabajadores, seguirá dependiendo de su capacidad de oposición, tal y como se
ha demostrado a lo largo de los años.
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