dilluns, 7 de juny de 2010

Una medida popular. "Ni como ni dejo comer"

Los trabajadores y trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas ya están dispuestos a aportar su esfuerzo para salir de la complicada situación económica en la que nos encontramos.

Por devoción o por obligación siempre lo han hecho, tanto cuando las vacas eran gordas, como cuando han sido flacas.

Porque siempre, los trabajadores y las trabajadoras de la Administración, en general, han ido a remolque de las decisiones políticas del Gobierno de turno en cuestión de derechos laborales.

Considerados como híbridos, han estado siempre a caballo entre el reconocimiento a su consideración como trabajadores y a la percepción de privilegio que de ellos ha tenido la sociedad.

Derechos básicos como la negociación colectiva abierta y dinámica han sido, hasta hace bien poco, un escenario al que estos trabajadores no tenían acceso, siendo espectadores pasivos de los avances que en el sector privado se producían, a nivel económico y laboral.

Eso sí, a cambio de haber debido superar oposiciones y concursos adquirían la condición de funcionario y conseguían, y digo conseguían, tener prácticamente asegurado el puesto de trabajo de por vida.

Cuando una situación boyante permitía a empresas del sector privado (algunas de ellas trabajando exclusivamente para la Administración) aumentar el salario de sus trabajadores de manera substancial (hasta un 8%), los trabajadores del sector público debían someterse a una Ley de Presupuestos Generales del Estado que preveía un aumento del IPC, conscientemente falso (un 2%), sin posibilidad legal de revisión salarial. El resultado una pérdida de poder adquisitivo que, a lo largo de los últimos años, ha podido superar en algunos casos más del 20 %.

Ahora, personal funcionario y laboral (cabe recordar que no todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración tienen la condición de funcionario, sino que los hay que, debiendo pasar las mismas oposiciones y concursos son personal laboral) verán nuevamente cómo no tan sólo deberán asumir una pérdida de su capacidad económica familiar, sino que sufrirán una merma en sus ingresos que, de manera irremediable, frenará su capacidad de consumo; algo perjudicial para todos, ya que sumaremos 3000000 millones de trabajadores de la Administración a lo más de 4000000 que, lamentablemente por obligación, están sufriendo esta crisis de manera directa.

Eso sí, medida popular donde las haya (de más que discutibles efectos positivos a corto plazo, sino todo lo contrario) que alimenta la mentalidad de aquellos que, de manera inconsciente, por estar en una situación complicada a nivel laboral, desean que todo el mundo padezca la misma situación. Aquello del Perro del Hortelano, “ni como ni dejo comer”.


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