dissabte, 27 de febrer de 2010

Externalización no es deslocalización ni privatización


Se considera externalización el mecanismo por el que una empresa entrega ciertas actividades propias de esta a otra empresa especializada en el tema.

En el sector privado esta práctica, beneficiosa desde el punto de vista estructural, de inversión infraestructural, de reparto de riqueza y de generación de empleo, ha degenerado en la denominada deslocalización empresarial, donde únicamente se contempla como factor prioritario la rebaja de costes estructurales en relación a la ubicación, sobre todo en materia de recursos humanos, a fin de que la rentabilidad sea mucho mayor.

Con este sistema las empresas pierden de vista su importante papel que, como agente social, tienen en el ámbito social y económico en su ámbito de influencia, y se convierten en meros generadores de beneficios empresariales donde su único objetivo es el reparto de dividendos inmediatos entre sus socios capitalistas, y no la consolidación del consumo a través de su propia producción.

Es decir, generan fidelización consumista y dependencia económica y social no consolidada. Pan, mucho pan, para hoy, y hambre para mañana.

En el sector público la externalización tiene, o debe tener, una dimensión totalmente diferente, y no debe confundirse con la denominada privatización, práctica totalmente obscena que se basa en el principio de la dejación de la responsabilidad pública, argumentada por una supuesta necesidad de capitalización de la tesorería y que esconde una supeditación empáticamente interesada del Gobierno de turno.

La privatización del sector público, cabe recordar, tuvo su mayor auge durante los años del Gobierno PP, donde se produjo un verdadero desmantelamiento y dilapidación del patrimonio empresarial público vendiendo, casi regalando, las denominadas “joyas de la corona empresarial” fundadas con capital público a personajes con definida afinidad ideológica.

El que servicios propios de la Administración Pública puedan ser prestados por empresas privadas en régimen de concesión administrativa debe fundamentarse, únicamente, en factores de especialización que se traduzcan en un aumento de la calidad en el servicio hacia el ciudadano, jamás en argumentaciones económicas que pongan en duda la gestión administrativa y empresarial de un servicio que, de manera habitual, ya estuviese prestado por la propia Administración, ya que esto sería como asumir, aquiescentemente, que la maquinaria administrativa pública es incapaz gestionar sus propios recursos y de afrontar una necesaria modernización. Y eso no es cierto.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada