diumenge, 6 de desembre de 2009

La nueva Ley de Puertos y el consenso político

Parece ser que la nueva Ley de Puertos va por “buen camino”, y que en próximas fechas, fruto del “presunto” aunque anunciado consenso entre los partidos mayoritarios con representación en el hemiciclo, podrá completarse el trámite parlamentario que convertirá el texto legal en el eje de una más que necesaria y definitiva política portuaria.

Pero los que hemos dedicado más de media vida profesional a este sector, reclamando sistemáticamente una gestión portuaria de futuro acorde con la importante influencia económica y social que tiene esta actividad, no podemos más que afrontar este anuncio con una esperanzador escepticismo, vistas las actuaciones que han tenido PSOE y PP ante este tema, cuando han tenido la responsabilidad de gobernar y de presentar, por consiguiente, las diferentes iniciativas parlamentarias.

Cabe recordar que la primera modificación seria de la legislación portuaria española se produce en 1992, bajo el gobierno del PSOE, derogando una ley de puertos que databa de 1880.

En esta actualización, que no reforma, con el liderazgo del entonces Director General de Puertos, Fernando Palao, se comenzaba a modernizar un arcaico sistema portuario español, dotando de una mayor autonomía a los denominados Puertos de Interés General, pero abriendo las vías para la liberalización de los servicios portuarios.

En 1997, gobernando el PP, se produce una nueva reforma de la Ley de Puertos, fruto de una pacto de gobernabilidad entre los partidos nacionalistas, especialmente CiU. En esta texto se profundiza mucho más en la liberalización y externalización de servicios que, hasta ese momento y por su importancia estratégica, prestaba de manera directa el Estado.

Según este modelo, las Autoridades Portuarias se convierten en meros proveedores de infraestructuras, siendo prestados los servicios por operadores privados, respondiendo la gestión al denominado modelo “landlord”.

Ya en 2003, con el PSOE al frente del Ejecutivo, se produce la penúltima modificación que, apoyándose en una Directiva de servicios portuarios que impulsada por el PP en la Unión Europea y que finalmente es rechazada, hace realidad la privatización, dejando en manos privadas y sin ningún tipo de control de la Administración, la actividad de la Estiba y Desestiba.

Si no han cambiado las intenciones y la visión de estos dos partidos políticos sobre la modernización del sistema portuario español sigue basándose, únicamente, en la liberalización y privatización de servicios, esta reforma irá por buen camino pero, difícilmente, llegará a buen puerto, como sería de desear.

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