dimarts, 27 d’octubre de 2009

Iniciativa de los partidos políticos contra la corrupción


Hoy otro más se suma a la ya demasiado larga lista de políticos locales que han sido pillados “con el carrito del helao”, como decía Gomaespuma, dejando al descubierto sus presuntos, siempre “presuntos”, actos delictivos actuando al frente de sus respectivas corporaciones.

No es justo que a los más de 65000 regidores electos de los más de 8000 municipios españoles se les meta en el mismo saco que a esos 19 alcaldes que, acompañados de alguno de sus acólitos y desde el año 2006, han sido detenidos por actuaciones fraudulentas al haber traicionado la confianza que, a través de las urnas, depositaron en ellos los ciudadanos.

Y a su vez no es justo tampoco que, por extensión, se ponga en duda el papel de los partidos políticos que han visto como bajo el aval de sus siglas, han sido engañados de manera vil por unos sinvergüenzas que, sin más ideología que la suya propia, no tienen más finalidad que la del parasitismo para hacer fortuna personal.

La justicia debe ser contundente en sus decisiones contra esos ladrones de guante blanco, sin tener en cuenta apreciaciones subjetivas que permitan a esos ladrones de guante blanco seguir riéndose en las narices de todos aquellos a los que ha traicionado, ya que cabe recordar que la posible fianza que posibilita la libertad provisional de esos delincuentes es fruto de su propio acto delictivo, o sea, del latrocinio llevado a cabo contra el conjunto de la ciudadanía, y un acto de este tipo no merece ningún tipo de confianza. Merece únicamente condena y privación de libertad.

Pero por otro lado debe también exigirse a los partidos políticos actuaciones sin fisuras contra este tipo de acciones. No valen justificaciones ni discursos apoyados en el que “los otros tienen más corruptos que nosotros” ni en el que “los tuyos han robado más que los míos”, ni tan solo la visualización de la repulsa dialéctica contra “militantes díscolos”, como alguien ha osado definir a esos presuntos pero conscientemente culpables, y que siempre desemboca en una simple expulsión.

La separación de la militancia de esos chupópteros no exime de responsabilidad a los partidos políticos que han visto empañada su labor y sus siglas, sino que debe ir mucho más allá, con el ánimo de demostrar que, de manera monolítica, están dispuestos a luchar contra actuaciones que, lamentablemente, están añadiendo el soborno, el cohecho, la prevaricación o la malversación a la definición de la clase política y que intentan generalizar, dentro de la naturalidad, las actuaciones de todos aquellos que se dedican a la noble tarea del servicio al ciudadano.

Los partidos políticos no deben esperar a las actuaciones judiciales para tomar protagonismo contra este tipo de hechos, sino que deben también, de manera seria y efectiva, tomar todas las iniciativas precisas. Es su responsabilidad.

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